El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Cine con un "importante grado de consenso"

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Cine que se tramitará por el procedimiento de urgencia en las Cortes, y que, según la vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, logra un "importante grado de consenso" tras un proceso de "diálogo difícil, laborioso y fructífero". El proyecto aumenta el Fondo de Ayudas, incluye medidas fiscales que acojan capital ajeno al mundo audiovisual en la figura del coproductor financiero e introduce cierta flexibilidad en la cuota de pantalla.Largo ha sido el debate de una Ley que nació con la idea de lograr el consenso entre los sectores implicados, y que se encalló cuando las cadenas de televisiones privadas se negaron a aceptar la obligación de invertir en cine. Un punto que mantuvo en espera el proyecto de Ley, cuyo proceso comenzó el 28 de diciembre de 2006, cuando Cultura remitió a los sectores del audiovisual el borrador del texto. Éste provocó la reacción negativa de algunos implicados, como las televisiones y los exhibidores.Tras una ronda de consultas; el 19 de febrero, el Ministerio les remitió el articulado del texto legal, para que los sectores presentaran sus alegaciones. Sin embargo, y dado que no ofrecía diferencias esenciales respecto al borrador, las posturas, lejos de acercarse, se distanciaron más, aumentando la tensión y provocando un cruce de acusaciones entre los distintos sectores de la industria.Ante la falta del acuerdo, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, declaró, el 23 de febrero, que el Gobierno iba a tomarse su tiempo para "lograr el máximo consenso" y comenzó, junto a Carmen Calvo, una intensiva ronda de negociaciones con todos los implicados. Justo un mes más tarde, el Consejo de Ministros, tras una primera lectura del texto, decidió retrasar el proceso de tramitación de la Ley , dejándola sin un calendario concreto y alejando así la esperanza de poder ser aprobada en esta legislatura.En el caso de las televisiones, si bien el primer borrador contemplaba el aumento de un uno por ciento más en su obligación de invertir en cine -pasando del 5% actual al 6%-. La negativa de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) hizo que, se volviera, inicialmente al 5%. Pero, al persistir la resistencia de las cadenas, finalmente se ha llegado a un acuerdo según el cual, el proyecto aprobado hoy ha eliminado la Disposición Final Primera, donde se recogía este punto.Sin embargo, las televisiones seguirán obligadas a invertir el 5% de sus ingresos en cine, puesto que se mantiene vigente el real decreto, que fue elaborado por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Cultura en 2004, y que desarrolla el reglamento de la ley 22/1999 de trasposición de una directiva europea.Todo esto hasta que dicte sentencia el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, al que el Supremo remitió el recurso que UTECA había antepuesto en 1999, alegando la inconstitucionalidad de este punto y su incompatibilidad con la legislación europea.

Nuevas medidas

El proyecto de ley ha hecho que los productores hayan visto reconocido que se delimite la figura del productor independiente, con sus derechos y obligaciones. Lo mismo que ocurre con los distribuidores independientes. Además, han logrado que la ley recoja medidas fiscales para atraer capitales ajenos al mundo audiovisual, para que inviertan en producción cinematográfica, bajo la figura del coproductor financiero, que podrá desgravar hasta un 18% de su inversión, un porcentaje igual al que se aplica a los productores audiovisuales.Además de un sustancioso aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía, el proyecto de Ley amplía las funciones del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), que pasa a convertirse en Agencia Estatal. Como medida de protección al cine español frente a la invasión de nuestro mercado por el cine de Estados Unidos, el texto mantiene la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, frente a las de terceros países. Algo que nunca han aceptado y siguen sin aceptar los exhibidores, que se consideran marginados en este proyecto de Ley al no derogar dicha cuota.Además, este sector está en contra de que el texto no recoja otras de sus peticiones: que la ley fije los plazos de explotación de las películas en las distintas ventanas. Y que no fije los precios que deben pagar los exhibidores a las grandes distribuidoras internacionales. La nueva ley introduce una "cierta flexibilidad" en la cuota de pantalla, ya que la exhibición de películas se contabilizará por sesiones, y no por días, y se tendrá en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo, explicó este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.Por último los actores y técnicos cinematográficos han recibido favorablemente que el anteproyecto recoja que las empresas que tengan deudas con sus trabajadores no puedan acceder a las ayudas públicas.